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Con 60 años de militancia política a cuestas, Héctor Polino es una voz autorizada para analizar el tratamiento que la nueva de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá en el Congreso Nacional.
Doce años consecutivos como representante parlamentario del Partido Socialista (1993-2005) y una larga historia que lo vincula a la defensa del cooperativismo son la carta de presentación de este animal político que intentó en 2005, a través de un proyecto de ley, democratizar el derecho a operar medios de comunicación.
Aquella iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados, quedó trunca como consecuencia del lobby de los grandes grupos económicos en el Senado.
Polino anticipa cómo serán los movimientos del monopolio para frenar el proyecto que intenta poner fin a una ley anacrónica y con olor a cuartel.
–¿Cómo cree que va a ser el tratamiento de la ley?
–Por tratarse de una norma tan importante debería ser amplio, con un gran debate en el seno de las comisiones y convocando a audiencias públicas para que todos los sectores interesados puedan opinar. No debería haber límite de tiempo, para que el resultado sea producto del consenso por parte de los diversos sectores políticos de la Cámara, ya que se trata de una ley vinculada a la libertad de expresión, al derecho a la información de los ciudadanos y que está íntimamente ligada a la democratización de la vida de nuestro país. Por lo que uno advierte, en relación con el propósito del bloque mayoritario, se le trataría de dar un trámite expeditivo, rápido y en ese sentido me parece que es un error. Debiera facilitarse la discusión lo más amplia posible porque este tipo de leyes no puede ser el producto de una mayoría circunstancial. Si queremos que tenga perdurabilidad en el tiempo, tiene que ser el resultado del consenso porque, de lo contrario, dura lo que duran esas mayorías circunstanciales.
–Con respecto a las mayorías circunstanciales, hay algún diputado por allí o un senador también, que ha dicho que este Congreso después del 28 de junio ya no tiene legitimidad. ¿Usted qué opina?
–Totalmente distinto. Hasta el 9 de diciembre de este año los diputados y senadores que concluyen su mandato tienen toda la legitimidad y todo el derecho constitucional para dictar ésta y cualquier otra ley. Nadie puede mutilar los derechos y atribuciones que surgen del mandato popular que en su momento les otorgó el pueblo a los diputados y senadores. Seguir el razonamiento contrario implicaría clausurar el Congreso hasta el 10 de diciembre o, en caso contrario, que los diputados y senadores renuncien a percibir sus dietas porque no están con atribuciones para discutir y sancionar leyes.
–Y con respecto a su experiencia en aquel proyecto que usted apoyó para que las cooperativas pudieran acceder a medios de comunicación y el resultado adverso que obtuvo en Senadores, ¿eso muestra cómo se manejan los grandes grupos económicos?, ¿esto puede volver a suceder?
–Por supuesto. Yo logré en 2005, en pleno debate en el recinto, modificar el dictamen de la Comisión de Comunicaciones para introducir una reforma que establecía que las cooperativas de servicios públicos podían prestar servicios de radiodifusión y que en el caso en que existiera un operador privado, tendría que resolver el órgano de control, la autoridad competente decía la iniciativa, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad. La Cámara alta, violando el artículo 81 de la Constitución Nacional, modificó esa parte que yo había logrado que se votara en Diputados. Además, se votó por 137 votos a favor y solamente 2 en contra. El Senado, como había sido la Cámara iniciadora, no tenía facultades constitucionales para modificar la media sanción de Diputados. En todo caso, debió insistir en su sanción originaria pero, de ninguna manera, introducirle una modificación a la reforma hecha por la Cámara revisora. Tal es así que ese comportamiento del Senado fue declarado inconstitucional por el juzgado federal número 2 de la capital jujeña en la acción interpuesta por la cooperativa telefónica de la localidad de Libertador Gral San Martín de esa provincia. Para que se aprobara de esa manera en el Congreso, influyó el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, el senador Jenefes por la provincia de Jujuy, que además es titular de un cable en la provincia de Jujuy. Yo entiendo que cuando existen intereses directamente vinculados a los diputados y senadores, en esos casos lo elemental es abstenerse de la votación. No sólo que no se abstuvo sino que continúa actuando como presidente, nada más y nada menos, de la Comisión de Comunicaciones.
–Con respecto a lo que pueda suceder y trazando algún tipo de paralelo, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, hace muy poco en un debate en Diputados sobre las facultades delegadas, dijo que hoy no se trata de una lucha política de dos ideas sino que hoy en día es la política contra las corporaciones. ¿Esto se ve reflejado en este debate?
–Siempre hay intereses económicos en cada iniciativa que se discute en el Parlamento y en la sociedad. La discusión de esta ley tenemos que sacarla del marco de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín para que podamos tener realmente una ley que no sea el producto de esa pelea, sino el resultado de una gran discusión.
–Bueno, pero al parecer, y está claro, Clarín ha construido un monopolio. Más allá de la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, los intereses de éste se ven afectados y por ahí la pelea se planta de otro lado.
–Seguramente si la ley sale tal cual está redactado el proyecto, va a afectar los intereses del Grupo Clarín y podría beneficiar los intereses de las empresas telefónicas. Entonces aquí no se trata de perjudicar a un grupo y favorecer a otro sino de dictar una norma que favorezca a los ciudadanos de nuestro país.
–Y con respecto a la postura del socialismo ante este debate, ¿le parece la correcta? ¿Qué tendría que hacer su partido dentro de este debate?
–El socialismo considera que la democracia argentina tiene una enorme deuda con la ciudadanía que consiste en derogar la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Radiodifusión. De modo que, desde siempre, desde hace 26 años, venimos luchando por una nueva ley. Esta norma es una deuda de la democracia. Queremos que sea el producto de un amplio debate y que el actual proyecto que envió el Poder Ejecutivo tiene algunos aspectos positivos, pero también cuenta con rasgos negativos que hay que modificar. La resolución final la vamos a tomar en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que se hará en los próximos diez días. Ahí se resolverá en función de las reformas que se logren introducir en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, una decisión definitiva. Si las reformas satisfacen nuestro punto de vista, seguramente los diez diputados y el senador Rubén Giustiniani votarán en general a favor. En caso contrario, se tomará una posición distinta. Todo va a depender del grado de receptividad que se observe en el debate parlamentario. Por ejemplo, en relación con el tema de las cooperativas, personalmente no estoy de acuerdo en el tratamiento que se le ha dado en este proyecto de ley porque se puede llegar a terminar discriminándolas nuevamente. Hay que introducir reformas muy importantes en el tratamiento del tema de la participación de las entidades de la economía social. También consideramos que debe modificarse el aspecto de la autoridad de aplicación; no puede estar bajo la órbita de la Secretaría de Medios, es decir, del ámbito del Poder Ejecutivo, sino de un organismo autárquico dependiente del Congreso Nacional con mayoría de los representantes de los bloques opositores y presidido por un representante del Ejecutivo. Además, todo lo atinente al reparto de la publicidad oficial. Creemos que éstos son algunos de los temas importantes que habría que revisar. Luego adoptaremos la decisión definitiva en función de los avances que se logren en la discusión parlamentaria.
–¿Por qué se tardó tanto en que el Ejecutivo, a través de todos sus actores, mandara este proyecto de ley a tratarse en el Parlamento?
–Seguramente por los grandes intereses que hay en juego. Hubo muchos intentos de modificar la Ley de Radiodifusión y todos fueron abortados. Yo vengo luchando desde el año 1984, cuando era secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación. En ese momento redacté un proyecto de ley para modificar el Artículo 45 de la Ley 22.285 que establece que solamente pueden ser titulares de los medios de radio y televisión las personas físicas o jurídicas de carácter comercial. Eso es un verdadero absurdo porque el Estado, en lugar de privilegiar a las entidades sin fines de lucro como son, entre otras, las cooperativas, en lugar de privilegiarlas, las excluía. El doctor Raúl Alfonsín firmó ese proyecto y se envió a Diputados. Desde entonces hubo muchos intentos por modificar la ley y nunca se lo pudo hacer por los grandes intereses que están en juego y que han presionado sobre la voluntad de los funcionarios públicos de turno.
–Teniendo en cuenta esto que usted señala, ¿no habría que facilitarle, desde el Parlamento, al Gobierno la lucha contra estos intereses?
–Bueno, el Ejecutivo envió un proyecto de ley. A su vez, hay otras iniciativas de distintos bloques. Lo que tiene que hacer el Congreso es de una buena vez abocarse a la discusión de esas iniciativas parlamentarias. Es el propio Congreso el que se está bloqueando a sí mismo. Por ejemplo, el proyecto de mi autoría que presenté y que el doctor Alfonsín envió al Congreso en el año 1984, luego lo reproduje siendo diputado en los años 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 y recién en 2005 logré la modificación parcial de ese artículo. En 2001 presenté un proyecto global de una nueva ley de radiodifusión donde tuvo una activa participación Carco, que es la Cámara Argentina de Servicios de Radiodifusión Cooperativos, y la Comisión de Comunicaciones no se dignó a considerar ese proyecto. De modo que son los propios diputados y senadores quienes a lo largo de estos 26 años han estado bloqueando diversas iniciativas, algunas que tuvieron origen en el Poder Ejecutivo y otras en el propio Parlamento.
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Ariel Losada.
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